Nueva Ley de Empresas en la actualización de la economía cubana

Con la instauración de bases conceptuales de funcionamiento único de gestión y dirección, se crean las condiciones para en 2017 tener lista una norma de rango mayor que afiance a la entidad estatal socialista como la forma fundamental del desempeño económico nacional.

Cuba debe estrenar una nueva Ley de Empresas en 2017, vital para completar todo el ordenamiento normativo y jurídico del país en su ruta necesaria hacia la renovación económica.

Ello pondría a las entidades nacionales en mejores condiciones para enfrentar las transformaciones estructurales del sector estatal, en el que se han adoptado  políticas de mayor alcance y complejidad dentro del proceso de reformas en curso, destinadas a lograr más eficiencia y un sistema empresarial que permita pasar de las urgencias al desarrollo.

Los cambios actuales, emprendidos hace cuatro años, conducirán a la creación de una Ley que aúne todos los principios, características y preceptos del funcionamiento de las empresas, afirmó Grisel Tristá Arbesú, jefa de Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

El año que concluye es el primero donde convergen todas las medidas aprobadas para dotar a la empresa estatal socialista de más autonomía y facultades, tal como indica el Lineamiento número dos, en pos de mayores niveles de eficiencia y productividad.

Los nuevos cambios en la gestión de las entidades han permitido avanzar en la confección de bases conceptuales de funcionamiento único, en pos de crear condiciones para en 2017 tener una norma de rango mayor.

La compleja renovación de la empresa estatal es un proceso de gran significación en el rediseño del modelo económico del socialismo en Cuba, por lo cual requiere la mayor atención y la participación de todos los agentes del desarrollo para asegurar su exitosa culminación.

Y aunque un grupo de deficiencias las ha marcado en los últimos tiempos, lo cierto es que en su buen desempeño y eficacia se centran las mayores esperanzas de actualizar el modelo económico adoptado por la Mayor de las Antillas.

Entre tantos vaivenes, la empresa estatal cubana resultó ser por lo general poco competitiva a partir de una deformada estructura sectorial. Ante la urgencia de agudas crisis y la supervivencia ha padecido de algunos males como insuficientes encadenamientos productivos e inversiones más inclinadas a favorecer los servicios y el comercio que las industrias o el sector manufacturero de la economía (clave para la generación de bienes).

Ante la larga lista de dificultades, no hay mejor paliativo que las nuevas normativas que ofrecen un marco regulatorio con el plan como eje rector, enfiladas a flexibilizar la actividad empresarial y dar mayor autonomía a las entidades.

Se trata, pues, del compromiso del empresariado a enfrentar con rigor y mucha sabiduría, sin apresuramientos, la implementación de un modelo único de gestión y dirección, como un proceso gradual de descentralización de facultades, con orden, disciplina y exigencia.

Por ejemplo, para una mayor autonomía de la empresa estatal socialista se amplía y flexibiliza su objeto social, la definición del encargo estatal, las facultades para comercializar sus excedentes productivos, y otras acciones relativas al vínculo del salario con los resultados y a la eliminación de los límites administrativos para su incremento.

Significa además que el sistema de pago por rendimiento que antes se aprobaba a nivel de ministerios, ahora se decide por los directores de las empresas.

En ese sentido y ante la justa aspiración a devengar mayores salarios, se aumentarán de manera gradual los de aquellos trabajadores que laboran en las actividades con resultados más eficientes y reportan beneficios de particular impacto económico y social.

Se estipula la separación de funciones estatales de las empresariales, y con ello la creación de tres niveles organizativos: Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), empresas y Unidades Empresariales de Base (UEB).

Ello ha permitido reorientar el plantel estatal, a partir de la reestructuración de organismos, formación de nuevas OSDE, empresas y UEB, con el fin de potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas e incrementar las facultades al sistema empresarial estatal.

Para el control y seguimiento de las nuevas potestades se crean las Juntas de Gobierno a nivel de OSDE con las funciones de aprobar la proyección estratégica de la empresa, pronunciarse sobre la pertinencia del Plan y exigir el cumplimiento de sus indicadores, entre otras.

Las Juntas constituyen una instancia que, a nivel de Gobierno, se crean con personas nombradas por el Consejo de Ministros, y están integradas por representantes de organismos, expertos de reconocido prestigio y profesores universitarios, quienes se entrenan y capacitan para tal ejercicio.

A los cambios organizacionales, se suman otros vinculados al contexto socioeconómico del país. Entre estos destacan el proceso de unificación monetaria y cambiaria, cuya ejecución es imprescindible para el logro del ordenamiento financiero nacional, así como el ya aprobado decreto sobre la contratación económica, más las nuevas leyes en marcha: la Tributaria, la de Inversiones y el Código del Trabajo.

Es un escenario en el que según establece el Lineamiento número uno, el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, sin obviar el papel del mercado, influyendo sobre el mismo y considerando sus características.

Como aseguran varios analistas, se hace necesario ordenar ese espacio donde prima la ley de la oferta y la demanda y verlo como el punto en el que interactúan todas las fuerzas productivas del país.

Aunque una de las funciones de la planificación es lograr el equilibrio a corto plazo entre la demanda y la oferta de recursos, también debe estar en concordancia con las proyecciones estratégicas a mediano y largo plazos.

Todo ello permitirá afianzar una adecuada articulación entre el plan de la economía nacional, el Presupuesto del Estado y el equilibrio financiero y monetario, desde una perspectiva integral, además de crear las bases para la incorporación de las políticas cambiarias, fiscales, crediticias.

Otro elemento novedoso resulta el nuevo sistema de indicadores para aprobar y medir el cumplimiento del plan empresarial, que se reduce a los directivos, los límites y otros. El primer grupo, que son los fundamentales, caracterizan el grado de cumplimiento de la tarea estatal y social asignada, así como el nivel de eficiencia en la utilización de los recursos y la fuerza de trabajo

Los indicadores límites representan determinados enmarcamientos o términos máximos en la utilización de recursos, asociados a determinados grados de eficiencia y con incidencia en el cumplimiento del plan anual.

En lo que respecta a otros indicadores, incluyen por lo general los de cálculo ó autónomos, de interés para la gestión de la empresa, asociados fundamentalmente a los procesos de elaboración, control y evaluación de los resultados del plan (pueden ser físicos, económicos y financieros y se definen por la empresa o la OSDE).

El modelo de gestión actual reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las modalidades de Inversión Extranjera previstas en la ley (empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, entre otras), las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras modalidades, todas las que, en su conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia

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