Expedia gana batalla legal por demanda en caso Cuba
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami emitió una decisión que revocó el veredicto de un jurado federal contra Expedia Group, una de las principales plataformas digitales de viajes a nivel mundial. La sentencia anuló la orden que exigía a la corporación pagar 29.85 millones de dólares en el marco de una demanda presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
Expedia Group, con sede en Seattle, Washington, opera en más de 30 países y gestiona marcas como Hotels.com GP, Hotels.com LP y Orbitz LLC. El caso se originó en abril, cuando un jurado federal dictaminó que estas entidades debían indemnizar al ciudadano estadounidense Mario Echeverría, quien reclamó la propiedad de terrenos en Cayo Coco, al norte de Cuba.
Echeverría alegó que su familia poseía derechos sobre ese territorio, ubicado en el archipiélago Jardines del Rey, en la provincia de Ciego de Ávila, y que las plataformas digitales de Expedia ofrecieron reservas en hoteles construidos sobre terrenos nacionalizados por el Gobierno cubano en 1963, durante la Segunda Ley de Reforma Agraria.
El jurado determinó que cada una de las cuatro entidades debía pagar 9.95 millones de dólares por daños y perjuicios, lo que sumó un total de 29.85 millones. Los hoteles señalados en el documento legal como parte del supuesto tráfico de propiedades fueron Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.
El juez federal Federico Moreno, encargado del caso, reconoció que las entidades demandadas obtuvieron beneficios económicos al ofrecer reservas en esos hoteles desde sus sitios web. También señaló que los demandados no realizaron investigaciones para verificar si los hoteles se encontraban en terrenos confiscados. A pesar de ello, Moreno concluyó que la decisión de anular el veredicto del jurado no debía tomarse a la ligera, pero dictó sentencia a favor de Expedia Group y sus filiales.
La Ley Helms-Burton, promulgada en 1996 durante la administración de William Clinton, incluyó el controvertido Título III, que permaneció inactivo hasta su activación por Donald Trump en mayo de 2019. Este título permite a ciudadanos estadounidenses que fueron afectados por nacionalizaciones en Cuba después de enero de 1959, reclamar ante cortes estadounidenses por bienes valorados en más de 50 mil dólares.
El presidente Joe Biden suspendió el Título III el 14 de enero, pocos días antes de concluir su mandato. Sin embargo, Trump reactivó la disposición al asumir su segundo periodo presidencial el 20 de enero. Desde entonces, se han presentado 45 demandas, con seis acuerdos extrajudiciales y un único veredicto con jurado. Dos casos permanecen pendientes ante la Corte Suprema.
El abogado cubano Rodolfo Dávalos calificó el Título III como ilegal desde el punto de vista del Derecho internacional, constitucional, procesal y de competencia judicial. Afirmó que esta disposición permite a ciudadanos estadounidenses presentar reclamaciones sin considerar principios fundamentales sobre nacionalizaciones, como los establecidos en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU, titulada “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”, aprobada el 14 de diciembre de 1962.
Dávalos advirtió que las cortes estadounidenses asumen competencias que no les corresponden, sin atender al Derecho internacional ni a las reglas básicas de jurisdicción internacional. En su opinión, el Título III representa un mecanismo extraterritorial que vulnera principios jurídicos fundamentales.
